La reciente polémica sobre las pulseras de control telemático para maltratadores ha generado una ola de indignación mediática comprensible, pero también inquietante. La protección de las mujeres víctimas de violencia de género no puede activarse solo cuando un fallo técnico salta a los titulares: debe ser una prioridad constante.
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El problema no es nuevo: lo nuevo es el escándalo
El fallo en el trasvase de datos merece analizarse y corregirse con urgencia. Pero sorprende que, solo ahora, se multipliquen las voces reclamando garantías que deberían haber existido siempre.
Durante años, muchas mujeres han denunciado deficiencias en el sistema. Hoy, 4.500 de ellas dependen de estas pulseras para su seguridad. ¿Por qué necesitamos un escándalo mediático para recordarlo?
La violencia no descansa; la protección tampoco debería hacerlo
Mientras se discuten responsabilidades políticas y errores técnicos, hay mujeres que viven con miedo a diario. Miran hacia atrás al caminar, duermen alerta, asumen que cualquier descuido puede ponerlas en riesgo.
Para ellas, la protección no puede depender de ciclos informativos, promesas electorales o recortes presupuestarios. El problema va más allá de las pulseras: apunta a un sistema que externaliza servicios esenciales, prioriza el coste sobre la seguridad y trata la protección de víctimas como un contrato más.
Se necesita un compromiso estructural
No basta con cambiar de adjudicataria o mejorar especificaciones técnicas. Hace falta:
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recursos estables,
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formación especializada,
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coordinación real entre instituciones,
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y un seguimiento continuo que no desaparezca cuando se apagan los focos.
La indignación puntual no salva vidas
Lo que sí las salva es la vigilancia permanente, la inversión sostenida y la convicción de que proteger a estas mujeres es una obligación irrenunciable del Estado. Su seguridad no puede depender de la actualidad mediática.
