Nos hemos sorprendido, de nuevo, estos días con el obligado cambio de criterio de la Seguridad Social respecto a la tarifa plana para autónomos societarios, que hasta ahora les venía siendo denegado de modo reiterado y, como todos nos temíamos, de modo injustificado.
Y hablamos de cambio obligado porque viene derivado de tres sentencias del Tribunal Supremo que entienden que los autónomos societarios sí tendrán derecho a solicitar la bonificación de cuotas que otorga la tarifa plana, lo que ha impuesto la modificación del criterio en una nota emitida desde el área de impugnaciones de la subdirección general de ordenación e impugnaciones de la propia Tesorería General de la Seguridad Social.
Con esta doctrina jurisprudencial ya consolidada, a la Seguridad Social no le ha quedado más remedio que variar el criterio que venía estableciendo, de manera que se permita a los trabajadores autónomos socios de sociedades mercantiles capitalistas (limitadas o anónimas), a acceder a los beneficios previstos en la normativa que regula la tarifa plana, aprobada ya en el 2013.
Es decir, que como ya nos tiene acostumbrados la Administración, se ha perseguido y denostado a los administradores societarios -que representan la gran mayoría de pequeñas sociedades que constituyen el 90% del tejido empresarial de nuestro país- para hacerles pagar una cuota de 290 euros cuando podrían haber abonado 60 euros durante el primer año, y que podría ser extensible por más tiempo de acuerdo con sus circunstancias. Una rectificación más, como ya hemos padecido otras tanto de Hacienda como de la Seguridad Social, y que ha supuesto un grave perjuicio para miles de autónomos y emprendedores de nuestro país.
Ello supone que la Seguridad Social no tendrá otra opción que estimar los recursos de alzada que se formularan sobre la cuestión, e incluso podría abrirse la vía de las revisiones de solicitudes denegadas con anterioridad, previa petición de los interesados.
El resultado de las crisis que padecemos es que en el mes de septiembre se calcula que entre un 10 y un 20 % de los autónomos podrían darse de baja, según los cálculos de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) en Galicia, dado que el verano no ha servido para mejorar las cuentas del sector, lo que está asfixiando a miles de autónomos que exigen la ampliación de ayudas como la prestación extraordinaria por cese de actividad -más de 80.000 autónomos la solicitaron en nuestra Comunidad Autónoma- para intentar sobrevivir a esta situación catastrófica.
En definitiva, habrá que seguir luchando y defendiendo ante la Administración los derechos de los emprendedores como hasta ahora, como único modo de que la actividad empresarial española pueda iniciar el camino de su recuperación y podamos salir -aunque con heridas- de la debacle económica provocada por la pandemia sanitaria y las pocas soluciones aportadas por las administraciones públicas.
Carlos Tomé, Abogado
CARUNCHO, TOMÉ Y JUDEL
