La reciente propuesta del Gobierno español para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales representa un avance significativo en la protección de los derechos laborales. Pese a no contar con el respaldo de la patronal, el Ministerio de Trabajo busca su aprobación en el Congreso, lo que exigirá una tramitación abierta a enmiendas. Su redacción definitiva no se espera hasta abril o mayo, incluyendo posibles medidas que faciliten su implementación en las empresas.
Esta medida, prevista para antes de finales de 2025, promete beneficios sustanciales para los trabajadores, pero también plantea retos considerables para las empresas. Por un lado, la reducción de la jornada puede mejorar la calidad de vida de los empleados. Estudios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sugieren que, en países con menos horas laborales, la productividad por hora trabajada es mayor. Un trabajador más descansado tiende a ser más eficiente, lo que podría traducirse en una mejora de la productividad general. Además, la reducción del absentismo es otro beneficio esperado, ya que los empleados más descansados tienden a faltar menos y a enfermarse con menor frecuencia.
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¿Qué problemática supondrá para las empresas?
Sin embargo, no se pueden ignorar los desafíos que esta medida impone a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas, principales generadoras de empleo. Ajustar turnos laborales sin comprometer la producción o el servicio al cliente será un reto significativo. También preocupa el incremento de costes, pues podría ser necesario contratar más personal para cubrir las horas reducidas sin afectar los salarios actuales.
Sectores como la hostelería y el comercio, con alta intensidad de mano de obra, podrían enfrentarse a un aumento de costes laborales que amenace su viabilidad, especialmente en empresas con márgenes ajustados. A ello se suma el previsible incremento del Salario Mínimo Interprofesional, aún en negociación.
¿Qué puede suponer la implantación de esta medida?
La reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas no conllevará recortes en el salario, por lo que, al trabajar menos horas, el salario por hora trabajada crecerá. Y como decíamos, si finalmente se aprueba subir el salario mínimo, sumado a la anterior medida, provocará que ese precio por hora trabajada sea superior, lo que será beneficioso para millones de trabajadores.
Actualmente, el salario mínimo por hora trabajada se sitúa en los 8,21 euros en 14 pagas y 8,87 euros en 12 pagas. En cuanto al el salario mínimo diario se situaría en los 37,80 euros brutos.
Con la reducción de la jornada laboral, ese salario por hora trabajada se situaría en los en los 9,75 euros por hora cuando la jornada llegue a las 37,5 horas.
¿Y cuáles serán sus consecuencias?
En el momento en que se active esa reducción de jornada, las empresas se verán obligadas a alcanzar una mayor productividad si quieren mantener sus balances económicos, por lo que habrá que adaptar los procesos para ser más productivo a través de nuevas herramientas y continuas mejoras.
Además, en esa transformación de procesos será esencial la digitalización, que permitirá acelerar los procesos en las empresas y ser más eficaces.
Y como consecuencia de todo ello, se eliminará el registro de la jornada de los trabajadores en papel, dado que la nueva ley de control horario de los trabajadores obligará a que éste se realice de manera digital.
En conclusión, la reducción de la jornada laboral promete mejorar el bienestar de los trabajadores y obligará a incrementar la productividad. Pero es esencial que Gobierno y empresas trabajen juntos para mitigar los costes y garantizar que esta transición beneficie a todos. La clave será encontrar un equilibrio para avanzar hacia un modelo laboral más sostenible, equitativo y productivo.
En Caruncho y Tomé podremos asesorarles en la adaptación a estas nuevas medidas legales que supondrán cambios relevantes en el funcionamiento de la empresa y otras cuestiones de derecho laboral.
