Recientemente el Diario Oficial de la Unión Europea ha publicado la sanción que la Comisión Europea impuso a los fabricantes de camiones DAF, Daimler, Iveco, MAN y Renault-Volvo por configurar un cártel, práctica prohibida por la normativa de competencia vigente. Como resultado de esta alianza, cada empresa o autónomo que adquirió un camión de más de seis toneladas pagó un sobreprecio estimado entre un 10% y un 15%, ya que pactaron las subidas de los precios además de retrasar la llegada de los sistemas anticontaminación durante un periodo de ni más ni menos que 14 años.
A partir de ahora los afectados podrán presentar sus reclamaciones solicitando una indemnización por el sobrecoste sufrido en la compra. Se estima que el número de afectados en toda España se sitúa en torno a los 200.000, una cifra muy elevada ya que la práctica de estos fabricantes se ha extendido en un largo periodo de tiempo.
Aunque estamos hablando de una reclamación avalada por la Comisión Europea, con una multa a los fabricantes que asciende a 3.000 millones de euros, no se trata de una reclamación al uso ya que ha de ir avalada con un informe pericial específico del fabricante implicado, en base al que se determina la indemnización concreta a percibir por esta actuaciones fraudulentas.
¿Por qué es tan importante este informe pericial? La resolución sancionadora fija las sanciones de cada uno de los fabricantes, pero no está especificado los costes a devolver al comprador. Por tanto, este informe supone el elemento probatorio esencial del perjuicio económico sufrido por los compradores de camiones de estas marcas.
Además del sobreprecio pactado, en cada camión los fabricantes repercutieron sobre los compradores los costes del cumplimiento de las normativas más estrictas de emisiones de la UE cuando tenían que ser asumidas por las propias compañías, cantidades a las que hemos de sumar el IVA y los intereses.
Pueden iniciar reclamaciones aquellos compradores que incluso vendieron con posterioridad el vehículo, o quienes firmaron un contratado de financiaciones de leasing o renting. Si tenemos en cuenta que los precios de estos camiones oscila entre los 40.000 y los 120.000 euros y atendiendo a las cifras estimadas de afectados, el total de las reclamaciones ascenderá a millones de euros.
