Se suceden las sentencias que sancionan a empresas por delitos cometidos por sus directivos y trabajadores.
En el último año son varios los pronunciamientos judiciales que no solo condenan al autor del delito sino, además, imponen multas cuantiosas a la empresa por no tener un adecuado plan de prevención de delitos.
Como venimos insistiendo, la única forma de evitar estas condenas es mediante la implantación de políticas de prevención de delitos. Está en juego el futuro de la empresa.
Caso 1º: Zaragoza: 80.000 euros de multa para la empresa por estafa del administrador:
La Audiencia Provincial de Zaragoza declaró la responsabilidad penal de la empresa imponiéndole una sanción de 80.000 euros por un delito de estafa procesal cometido por su administrador, al que condenó a 5 meses de prisión.
Los hechos fueron los siguientes: en un procedimiento civil, el administrador de la empresa falsificó una factura y otra documentación para intentar acreditar la existencia de una deuda inexistente. La parte demandada presentó denuncia por estafa procesal y falsedad que motivó que se suspendiera este proceso civil y se iniciara el penal.
Caso 2º, Asturias: 24.000 euros de multa para la empresa por apropiación indebida del administrador:
Se juzgó ante el Juzgado de lo Penal de Gijón la responsabilidad penal de un constructor que fue condenado a pena de prisión por apropiación indebida de un dinero de terceros, y la empresa con la multa de 24.000 euros por el mismo motivo, carecer de un modelo de prevención de delitos.
Caso 3º: Barcelona: 5.000 euros de multa para la empresa por un delito de ruidos:
La Audiencia Provincial de Barcelona condenó al acusado como responsable de un delito contra el medioambiente y a la empresa como responsable penal del mismo a multa y a indemnizar por los perjuicios sufridos en la cantidad de 5.000 euros.
En este caso la multa fue muy reducida ya que se apreció la atenuante de reparación del daño causado.
