Empresario, no nos cansamos de repetirlo, las decisiones importantes deben tomarse, bien asesorados, y a tiempo.
La Ley es benévola con quien la cumple pero al mismo tiempo puede castigar duramente al incumplidor. En situaciones críticas las empresas deben actuarse con rapidez porque los plazos son muy rigurosos.
Un plazo que no debemos olvidar.
Cuando la empresa se encuentra en una situación de insolvencia (es decir, cuando no puede pagar ni cumplir con sus obligaciones) la Ley obliga al administrador a solicitar el concurso en un plazo de dos meses. Es frecuente, además, que esta insolvencia esté acompañada de una situación contable que, por pérdidas de ejercicios anteriores, deje a la empresa en causa legal de disolución.
Si el administrador, en su afán por salvar la empresa, incumple este plazo se está exponiendo en un futuro a una posible responsabilidad personal.
Alagar la agonía.
Somos conscientes de lo difícil que es para un empresario cerrar su empresa. Cuando se ve inmerso en una situación de este tipo nunca es fácil tomar decisiones pero, por dolorosas que sean, hay que hacerlo.
Si la empresa no puede pagar, el negocio no es viable, no hay posibilidad de obtener una refinanciación, y los socios no tienen más capacidad económica, por duro que sea, lo mejor es poner punto y final a esa situación mediante la presentación de un concurso orientado a la liquidación.
Si esta decisión se toma a tiempo, el administrador podrá dormir tranquilo. Si por el contrario, se retrasa y un Juez considera que este retraso ha agravado su insolvencia, incrementando su deuda y perjudicando a sus acreedores, tenemos problemas…
Es decir, aunque el empresario termine por presentar el concurso, este hecho por sí no le blinda frente a sus acreedores. Cada vez son más frecuentes sentencias que condenan a los administradores a hacer frente a las deudas a pesar de haber solicitado su concurso precisamente por haber tomado muy tarde la decisión.
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